Hasta la fecha, tres países del área euro han tenido que ser rescatados para evitar la ruptura de la unión monetaria. Las ayudas comprometidas suman más de 400.000 millones, de los que 240.000 corresponden a Grecia, mientras que Portugal e Irlanda se reparten el resto casi a partes iguales. Atenas fue la primera en solicitar ayuda, empezó a negociarse en marzo de 2010 y se oficializó el 2 de mayo de ese año, aunque el pasado mes de marzo fue necesario ampliar el programa inicial, dotado con 110.000 millones. Irlanda claudicó el 5 de noviembre de 2010 y, finalmente, Portugal cayó el 8 de abril de 2011.

A los tres países se les exige un fuerte ajuste para equilibrar las cuentas públicas; un recorte de gastos que ataca sin medias tintas todas las líneas: subida de la carga fiscal; despido de funcionarios; reducción de servicios públicos; privatizaciones y recorte de las pensiones. En detalle, cada Gobierno tiene su pliego particular de condiciones.

Grecia. La meta final es que la deuda pública sea del 117% del PIB en 2020, con el objetivo de crear “las bases de un crecimiento económico y de empleo sostenibles”. El acuerdo de mayo de 2010 estableció un paquete de ayuda de 110.000 millones y el de este año, se amplió en otros 130.000 millones de euros. El Gobierno debe actuar en el terreno de la política fiscal, reformas fiscales de carácter estructural, privatizaciones y reforma del sector financiero y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento.

El plan exige a Grecia encontrar de inmediato vías de ahorro equivalentes al 8,5% del PIB. Se han impuesto suspensiones de pagas extraordinarias en la remuneración de los empleados públicos y en los pensionistas. Se reducirán un 10% las pensiones y se procederá a despedir a 150.000 funcionarios. Además, hay un plan detallado de privatizaciones de empresas que prestan servicios públicos o que son controladas por el Estado. Este proyecto incluye la venta de empresas de aguas, defensa, energía, minería, industria ferroviaria, aeropuertos y también de apuestas deportivas, participadas por la Administración.

Irlanda. El Gobierno de Dublín se vio obligado a presentar un programa fiscal en 2011 que contempla el fin de un buen número de exenciones, incluidos los incentivos a los planes de pensiones,una subida general de impuestos, una reducción de los llamados “gastos de protección social”, acortando la prestación por desempleo de larga duración, un recorte medio del 4% en las pensiones y, por último, “reducción del número de empleados públicos”. El ejecutivo irlandés decidió además reducir en un euro el sueldo mínimo por hora y flexibilizar las condiciones en que las empresas pueden aducir que no tienen dinero para pagar salarios.

Portugal. En 2014, el déficit general del Gobierno luso no podrá superar los 4.521 millones de euros. Para ello, Lisboa ya ha puesto en marcha un plan que pasa por ampliar las bases impositivas y reducir el gasto público. Habiendo sido identificadas las empresas públicas, como uno de “los mayores riesgos fiscales” para el Estado, el Ejecutivo ha desarrollado un plan para subir las tarifas que cobran estas empresas por sus servicios, reducir el número de compañías existentes, implementar un control salarial y proceder a la privatización en empresas de servicios de transporte, energía, comunicaciones y seguros, con el objetivo de ingresar 5.500 millones de euros. Adicionalmente, el Gobierno deberá reducir un 20% la infraestructura municipal (incluyendo oficinas y personal) y un 15% la central. Deberá detallarse un listado de activos, incluyendo bienes inmobiliarios, de todas las administraciones públicas para ponerlo a la venta.

Tomando como ejemplo lo ocurrido en Grecia, Irlanda y Portugal para explicar qué pasaría si España es intervenida. “Subida brutal del IVA; despido de medio millón de funcionarios; pensiones y prestaciones por desempleo más bajas; coste de 20 euros por cada visita a urgencias; sueldos e indemnizaciones por despido más precarios; menos becas en educación e infraestructuras más caras”. Esto sería, en resumen, lo que pasaría si España se ve obligada a pedir un rescate.

Los encargados de ejecutar el programa son la llamada Troika, una comisión que representa a nuestros acreedores exteriores (BCE, Comisión Europea y FMI) con un único objetivo: cobrar sus deudas. “El cómo lograrlo pasa a ser un asunto secundario”. La Troika pone las condiciones para dar la ayuda. “El Gobierno tendría que firmar el llamado Memorándum de Entendimiento con la Comisión Europea, donde se fijan las condiciones de la asistencia (cantidad total del préstamo, tipos de interés, plazo de vencimiento, etc) y ésta se vincularía automáticamente al estricto cumplimiento por parte de España de un Programa de Ajuste elaborado por la Troika”.

Según Gallego y Suanzes, lo primero que haría sería poner orden en las comunidades autónomas, recortando “los gastos escandalosos que en algunos casos son surrealistas” y reduciendo el tamaño del sector público autonómico. “Los ajustes sería simultáneos en los distintos niveles de la administración y partidas presupuestarias.

Para empezar, obligarían al Gobierno a poner en marcha una reducción del gasto público”, con reducciones de salarios y funcionarios. “El retraso en la edad de jubilación se aceleraría. Un buen número de empresas públicas también desaparecería. Se impondría una fuerte reforma tributaria subiendo los impuestos indirectos y se impondría el copago sanitario”. Según señalan los autores del informe, en Grecia pagan tres euros por ir al médico y en Portugal 20 euros por ir a urgencias. Además, se privatizarían muchas empresas públicas.

“La Troika diseñaría un calendario de ventas durante los años que dura el programa de asistencia. También obligaría al Gobierno y las comunidades autónomas a imponer peajes, liberalizar la red de transportes ferroviaria y acabar con el déficit de tarifa eléctrico con nuevas subidas de la recibió de la luz. Y por último, se diseñaría un plan de recapitalización de la banca. “El Instituto Nacional de Finanzas estima que España necesitaría 60.000 millones de euros para aislar del todo el riesgo bancario”.