El drama humano en España crece al ritmo que aumentan los desahucios inmobiliarios. Es habitual pasear por Madrid y encontrar múltiples mesas ciudadanas recogiendo firmas para paralizar tal o cual desahucio. Absolutamente desgarrador.

Y no sólo es local el interés que se ha despertado con este hecho. Los principales medios mundiales han abierto sus primeras con la situación de nuestro país. Como muestra el siguiente artículo de uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, The New York Times, donde a modo de ejemplo, se detalla la experiencia de varias familias españolas afectadas por estos desahucios, y sus dramas personales.

La primera noche después de que Francisco Rodríguez Flores de 71 años, y su esposa Ana Corral López de 67 años, fueran desalojados de su pequeño apartamento, tras no pagar su hipoteca, durmieron en el vestíbulo de su edificio. Sus hijas, desempleadas y que viven con ellos, dormían en la camioneta de un vecino.

“Fue lo peor que he vivido nunca”, dijo la señora López, estudiando sus manos. “No se puede imaginar lo que se siente al estar ahí en ese pasillo. Es una historia que no se puede contar, porque no es lo mismo que vivirla.”

Las cosas están ahora un poco mejor. Los Rodríguez se encuentran entre las 36 familias que se han apoderado de un bloque de apartamentos de lujo que había estado vacante durante tres años. No hay electricidad. El agua fue cortada hace poco, y existe el temor de que las autoridades les desalojen de nuevo. Sin embargo la Sra. López dice que no está viviendo en la calle -al menos no todavía.

El número de familias españolas que se enfrentan al desahucio sigue aumentando a un ritmo vertiginoso – cientos al día, dicen las asociaciones defensoras de la vivienda. El problema se ha vuelto tan agudo que el primer ministro Mariano Rajoy se ha comprometido a anunciar medidas de emergencia.

Aunque algunas personas pueden vivir con otros miembros de la familia, cada vez más, al igual que los Rodríguez, no tienen esa opción. Sus familiares no están en mejores condiciones, y España no tiene prácticamente ningún sistema de refugios de emergencia.

Para algunos, la presión ha sido demasiado difícil de soportar. En las últimas semanas, un hombre de 53 años de edad se ahorcó en Granada apenas unas horas antes de ser desalojado, y una mujer de 53 años que vivía en Bilbao saltó por la ventana cuando los funcionarios judiciales llegaron a su puerta.

Sin embargo, y al mismo tiempo, el país está repleto de viviendas vacías por todas partes, tal vez hasta dos millones de unidades según algunas estimaciones. Los expertos dicen que cada vez un mayor número de desalojados -que se enfrentan a toda una vida de deudas y de un sistema de listas negras que hace que sea prácticamente imposible que puedan alquilar – están tomando propiedades vacías o regresando a sus antiguos hogares después de que hayan sido incautados.

A veces los vecinos denuncian dichas actividades. Pero a menudo, dicen los expertos, no es así. A menudo es algo temporal y producto de la desesperación, sin embargo muchos no ven otra alternativa.

Los Rodríguez se atrasaron en sus pagos tratando de ayudar a sus hijas, ambas perdieron sus empleos y con hijos. Sus hijas habían ido a vivir con ellos después de haber sido ellas mismas desalojadas. “No podía dejar que mis hijas y mis nietos murieran de hambre”, dijo la señora López, quien trabajaba como limpiadora en una residencia de ancianos.

Nadie controla el número de ocupantes ilegales. Pero Rafael Martín Sanz, el presidente de una empresa de gestión inmobiliaria, dice que se ha vuelto tan común que algunas compañías de bienes raíces son reacias a poner letreros en el exterior de los edificios indicando que el apartamento está disponible.

La mayor parte de las expulsiones tienen lugar en silencio, con las familias avergonzadas entregando las llaves a los bancos. Sin embargo, en algunos barrios de la clase trabajadora, hay enfrentamientos semanales con la policía y los funcionarios bancarios, cuando los propietarios de la vivienda y los voluntarios tratan de resistirse a los desalojos.

Recientemente, en el barrio madrileño de Carabanchel, una multitud que protestaba fuera de un apartamento gritaba a un grupo de funcionarios y al tribunal que habían venido a desalojar a Eduardo Hernández y a su familia: “¡la culpa es vuestra!”. Pero el abogado del Sr. Hernández dijo que sería capaz de negociar un aplazamiento. La multitud de manifestantes superaban en número a los agentes de policía.

El sr. Hernández, de 38 años, que trabajaba en la construcción, compró el apartamento por 320.000 euros en 2006, pero perdió su trabajo tres años más tarde. Pensó que había negociado con el banco para pagar menos por un tiempo. Pero un día, recibió una carta diciendo que su piso había sido subastado.

El Sr. Hernández y su esposa se han fijado en un apartamento vacío que pretenden ocupar. En su defecto, la pareja tendrá que separarse. Su esposa volvería a vivir con su madre, que también tiene atrasos en sus pagos hipotecarios y que ya alberga a otros hijos adultos. El Sr. Hernández se iría con su hermano, que vive con su joven familia en un estudio.

Al final de la mañana, los funcionarios del banco y el tribunal acordaron aplazar el desalojo del Sr. Hernández durante seis semanas. Él todavía tiene una deuda de más de 330.000 euros, más de lo que pagó por el apartamento. En España, los titulares de hipotecas son personalmente responsables por el monto total de sus hipotecas. Recargos de intereses y decenas de miles de euros en honorarios judiciales se añaden a la ejecución hipotecaria. La bancarrota no es la respuesta, ya que la deuda hipotecaria está excluida.

El Gobierno español ha pedido a los bancos que se adhieran a un código de conducta que protege, en cierta medida, a los españoles más pobres. Muchos de los bancos han firmado. Sin embargo, los defensores dicen que el código ofrece alivio a una pequeña porción de los propietarios – aquellos que no tienen adultos trabajando en su hogar y que pagaron menos de 260.000$ por sus casas-, por lo que es improbable que tenga mucho efecto.

Elena Cortés, la concejal de Obras Públicas y Vivienda de Andalucía, dijo que durante los años de bonanza el gobierno rara vez construía viviendas para ingresos bajos. Además, el país nunca ha tenido mucha propiedad en alquiler. Ahora cuando las familias son desalojadas no tienen a donde ir. En una declaración oficial, la asociación bancaria española, la AEB, afirmó que los bancos están tratando de evitar los desalojos a través de la negociación siempre que sea posible.

Los Rodríguez comenzaron a vivir en un bloque de lujo, Corrala Utopía, en mayo, con sólo unas pocas pertenencias. Una medida que fue organizada por los miembros del movimiento 15-M, nombre dado a las personas que se organizaron después de las protestas en todo el país del 15 de mayo del año pasado. Uno de los miembros del grupo, Juanjo García Marín, dijo que la propiedad fue elegida porque estaba sujeta a actuaciones judiciales, lo que podría dar a las familias más tiempo para estar allí.

Los vecinos les han dado los muebles, y las donaciones de alimentos llegan casi todos los días. La señora López está usando un generador para mantener las luces encendidas y funcionando su frigorífico. Otros en el edificio también tienen generadores, pero algunos no pueden pagar la gasolina para mantenerlos en funcionamiento.

Después de la cena, el nieto de la señora López de 13 años de edad, llegó diciendo que necesitaba un lugar para hacer su tarea. El apartamento de su madre arriba no tenía luces. Carlos Montero – La carta de la bolsa